Partiendo de la hipótesis inicial que ubica a la Ciencia de la Administración y la Ciencia Política dentro de la ciencia social de carácter político, hemos de formular las consonancias y disonancias de ambas disciplinas.
Sabemos que la Ciencia de la Administración es multidisciplinar, pues en ella ejercen un poderoso influjo
1-El derecho público (administrativo, financiero-tributario y constitucional)
2-La sociología de la administración (teoría burocrática)
3-La teoría de la organización
4-La economía (teoría de la eleccíón racional)
5-La ciencia política.
En Europa existió un divorcio inicial entre ambas ciencias, por cuanto se orientaba hacia una especie de teoría del derecho administrativo, y desde allí nacieron los mejores tratadistas continentales de la ciencia administrativa. Hemos también, por otra parte, de concluir que el método empleado no era el mejor indicado para un desarrollo cientifico, pues se limitaban a describir y analizar estructuras y procesos administrativos, sin entrar en el fondo.
Gracias a Robert Dahl, David Easton y Herbert Simon se produce un verdadero cambio en la manera de estudiar la ciencia de la administración, pues pasa a un enfoque politológico. Hasta tal punto que hoy en día se considera a la disciplina como una subciencia del grupo de las Ciencias Políticas. Esto se debe a la necesaria vinculación entre el poder, el Estado y la Administración Pública.
Gracias a esta vinculación las Ciencias Políticas han podido a su vez especializar sus materias, sin que estas sean compartimentos estancos, pero cargando un grado de profesionalidad insospechado en tiempos de Henry Baxter Adams. Mientras la Ciencia Política se ocupa del poder ejecutivo y legislativo, los grupos de presión y de interés o el comportamiento electoral, la Ciencia de la Administración se encarga de la Administración Pública, su estructura, organización, procesos y funcionamiento.
Así el bloque de Gestión y Administración Pública bebe de todas las fuentes de la ciencia de la administración (aludidas ut supra) e incorpora nuevos descubrimientos, que permiten el desarrollo de métodos y técnicas tendentes hacia la mejora del Sector Público.
La Administración Pública como se sabe forma parte del sistema político, pues de alguna manera es la vía por la que el poder ejecutivo implementa sus políticas y programas con el objeto de satisfacer a los colectivos y a los ciudadanos. Al tiempo, la Administración también recoge ínsumos de la población, pero no el sistema político, por lo que podemos hablar a su vez de un subsistema administrativo.
Lo cierto es que toda pretensión de tomar a la Ciencia de la Administración Pública desde una perspectiva empresarial es un craso error. Muchas son las diferencias entre una y otra:
-La Administración Pública es más compleja. En ella ejercen influjo diferentes niveles de poder, suelen estar distribuídas las competencias y los objetivos cambian con frecuencia. En cambio, la empresa es más sencilla, pues se rigen por las directrices del empresario que a su vez están influídas por la sencilla ley de la oferta y la demanda.
-La Administración Pública se basa en el principio de legalidad y tiene que documentar todo movimiento, decisión o gestión. En cambio, la empresa puede variar con mayor flexibilidad sus criterios, sin tener que dar cuenta a nadie e ignorando documentalmente con frecuencia muchas operaciones que realiza.
-La empresa sabe hacia donde se dirige su actividad (clientes) y cual es el objetivo (la máxima ganancia). En la Administración Pública esto no es tan sencillo. Se dirige hacia colectivos determinados, ciudadanía en general pero el impacto de su política puede beneficiar o perjudicar a otros. De igual modo, como sector público no puede medir su actuación en términos de beneficio económico, sino mejor, en términos de beneficio sobre el impacto que produce en la sociedad.
En definitiva, el nexo que vincula a una y otra es la necesaria presencia de la Administración como brazo ejecutor de las decisiones tomadas por el Poder Legislativo y, especialmente, Poder Ejecutivo. Todo ello, en el marco de un sistema político en el que se producen influjos hacia estos de los grupos y colectivos que reciben los productos (outputs) de dicha Administración.
