martes, 10 de enero de 2012

La Administración y la política de incentivos.

Los administrativistas sabemos que toda política pública tiene como objetivo primario alcanzar un resultado concreto. Este resultado debe colocar a la sociedad en la cual la política pública se aplica, en una situación más ventajosa que aquella en la que se encontraba en un momento previo.
Por lo general, las políticas públicas se canalizan a través de una ley o alguna norma del mismo rango (decreto ley o legislativo) o bien en los municipios a través de ordenanzas. Sin embargo, sabemos que la ley por sí sóla no garantiza el cambió por sí misma. De la misma manera, la ley tampoco puede eliminar las demandas o necesidades que son vitales en nuestra sociedad.

¿Y cómo se logra ese resultado esperado a través de una política pública?
Básicamente incentivando o desincentivando conductas. Veamos pues.
Una política de incentivos es aquella que no busca obligar ni sancionar a quien no cumple con realizar la conducta deseada por el ente regulador, sino que simplemente favorece a aquel individuo que libremente decide cumplirla. Es decir, a los individuos les resultará conveniente cumplir con la conducta incentivada, pues se verán beneficiados. Por ejemplo, a través de una subvención o una bonificación fiscal.

Por el contrario, una política de desincentivos sí pretende sancionar a quien cumple con realizar una conducta no deseada. Ello conlleva un cierto gasto, aunque a veces es rentable. Por ejemplo, persiguiendo el fraude fiscal o laboral. A través de sanciones, que incluso pueden llegar a penas de reclusión, los individuos sopesan que no les conviene cumplir con la conducta desincentivada, pues se verán perjudicados.

Uno de los incentivos más conocidos es la subvención. Se trata de una entrega de dinero, sin obligación de reembolso, a condición de que se cumplan ciertas actividades que se consideran de interés público. Por ejemplo: contratar a un discapacitado, convertir un contrato temporal en indefinido, crear una empresa o autoemplearse, invertir en energías renovables, etc.

Otro incentivo conocido son las becas. Dícese en este caso, del aporte económico que se hace para que los estudiantes o los investigadores lleven a cabo la realización de sus estudios e investigaciones, sin que esto deba ser reembolsado. En España existen un gran elenco de becas, como por ejemplo la Erasmus (para estudiar en Europa) o las generales del Ministerio de Educacion.

Los incentivos más conocidos son las deducciones y bonificaciones fiscales, que permiten ahorrar al contribuyente o cotizante si cumple con unos determinados requisitos.

Hay quien considera, que incluso el contrato público, es un tipo de incentivo. Esto se deriva de que a través de la inversión pública en determinados sectores se puede dinamizar y orientar la actividad hacia unas conductas o tareas que se estiman como necesarias. Por ejemplo: la contratación para la atención a mayores supone un incentivo para garantizar las políticas de dependencia.